En 2024 fue radicado ante el Congreso de la Rep\u00fablica el proyecto de ley 139\/24 que buscaba prohibir la comercializaci\u00f3n, distribuci\u00f3n y uso de objetos alusivos a personas condenadas por delitos, siendo Pablo Escobar el ejemplo paradigm\u00e1tico. La iniciativa respondi\u00f3 a la persistencia de la llamada \u201cnarco-cultura\u201d, que sigue permeando el imaginario social y convierte figuras criminales en s\u00edmbolos de consumo. Aunque el proyecto fue archivado, su contenido se mantiene relevante, sobre los l\u00edmites morales de la propiedad intelectual y de la libertad econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n
El texto propon\u00eda sancionar la venta de objetos que \u201cexalten o hagan apolog\u00eda\u201d de personas condenadas por delitos, imponiendo multas, suspensi\u00f3n de actividades e incluso la destrucci\u00f3n de los bienes. M\u00e1s all\u00e1 de su valor simb\u00f3lico, el proyecto dej\u00f3 interrogantes de fondo en materia de propiedad intelectual (PI): \u00bfPuede el Estado restringir la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de ciertos bienes intangibles por razones \u00e9ticas? \u00bfc\u00f3mo equilibrar el derecho a crear, registrar y usar signos, con la obligaci\u00f3n de proteger el orden p\u00fablico, la moral y la memoria colectiva?<\/p>\n\n\n\n
El sistema de propiedad industrial ya prev\u00e9 l\u00edmites semejantes. El art\u00edculo 135 literal p) de la Decisi\u00f3n 486 de 2000 proh\u00edbe registrar como marca signos contrarios a la moral, al orden p\u00fablico o a las buenas costumbres, lo que ha permitido a la Superintendencia de Industria y Comercio negar marcas que glorifiquen la violencia, el narcotr\u00e1fico o la discriminaci\u00f3n. De tal suerte que los derechos de PI no son absolutos.<\/p>\n\n\n\n
A esto se suma que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica colombiana, en su art\u00edculo 333, dispone que la actividad econ\u00f3mica no puede ir contra el inter\u00e9s general ni el bien com\u00fan. As\u00ed, el proyecto visibilizaba un l\u00edmite claro: aunque una imagen o dise\u00f1o inspirado en una persona condenada sea protegible (ej. desde el derecho de autor o marcario), su explotaci\u00f3n podr\u00eda prohibirse si contradice valores como la memoria de las v\u00edctimas, la reparaci\u00f3n simb\u00f3lica o la construcci\u00f3n de paz.<\/p>\n\n\n\n
El dilema es profundo: \u00bfdebe la PI proteger creaciones que glorifican la violencia o subordinarse a principios morales y sociales? El proyecto respond\u00eda que la moral y la memoria social constituyen l\u00edmites ineludibles frente al ejercicio lucrativo de la PI. No buscaba censurar la creatividad, sino impedir que la figura de un condenado se convierta en un activo econ\u00f3mico o en un \u00edcono de prestigio cultural.<\/p>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n se vuelve m\u00e1s compleja cuando se trata de personas que, tras cumplir su pena, buscan reinsertarse y emplean su imagen en proyectos leg\u00edtimos. No toda utilizaci\u00f3n comercial de la imagen de un exconvicto implica apolog\u00eda del delito: si el objetivo es transmitir un mensaje de cambio o fomentar la no repetici\u00f3n, el uso puede entenderse como parte de la resocializaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El desaf\u00edo del legislador consiste en distinguir entre la explotaci\u00f3n contraria a la moral y el ejercicio leg\u00edtimo de la reintegraci\u00f3n. Un enfoque equilibrado debe permitir los usos que promuevan la reconciliaci\u00f3n y el emprendimiento honesto, e impedir aquellos que lucran con la fama criminal o perpet\u00faan s\u00edmbolos de violencia. Aunque el proyecto fue archivado, su prop\u00f3sito de contrarrestar la cultura del delito y cuestionar el aprovechamiento comercial de la imagen de personas condenadas conserva plena vigencia. M\u00e1s que un cierre, su archivo representa una oportunidad para repensar c\u00f3mo el derecho puede proteger la dignidad colectiva sin impedir la redenci\u00f3n individual.<\/p>\n\n\n\n