El Consejo de Estado declar\u00f3 la nulidad de los art\u00edculos 2, 3, 4, 5, 12 y 13 del Decreto 2669\/12, mediante el cual se regul\u00f3 la actividad de factoring o compra de cartera de sociedades comerciales no sujetas a vigilancia de las superintendencias Financiera o De la Econom\u00eda Solidaria y que tengan como objeto social exclusivo dicha actividad.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el alto tribunal, el Gobierno excedi\u00f3 su potestad reglamentaria al fijar reglas sobre aspectos esenciales de esta actividad econ\u00f3mica que no estaban previstas en la ley, pues la Ley 1231\/08 tuvo como prop\u00f3sito facilitar la circulaci\u00f3n de facturas como t\u00edtulos valores y promover el acceso al factoring como mecanismo de financiaci\u00f3n, pero no facult\u00f3 una regulaci\u00f3n integral.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, explic\u00f3 que el Ejecutivo solo pod\u00eda reglamentar asuntos espec\u00edficos previstos en la ley, como:<\/p>\n\n\n\n
1. Obligaci\u00f3n del factor de verificar la procedencia de los t\u00edtulos.<\/p>\n\n\n\n
2. Exoneraci\u00f3n de responsabilidad por idoneidad de quienes act\u00faen como factores.<\/p>\n\n\n\n
3. Medidas, metodolog\u00edas y procedimientos que deben adoptar los factores respecto del lavado de activos y financiaci\u00f3n de actividades delictivas.<\/p>\n\n\n\n
4. Restricci\u00f3n para que solo empresas legalmente organizadas e inscritas en c\u00e1mara de comercio pudieran prestar servicios de compra de cartera.<\/p>\n\n\n\n
5. Lo que deb\u00eda entenderse por factor y no aplicaci\u00f3n de normas de preposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, las disposiciones cuestionadas incorporaron definiciones, modalidades contractuales, reglas sobre riesgos de impago, fuentes de financiaci\u00f3n y restricciones que ampliaron el contenido de la ley, desconociendo el criterio de necesidad que limita el ejercicio de la potestad reglamentaria, lo cual tuvo como efecto que la ley fuera adicionada por el acto administrativo (C. P. Germ\u00e1n Eduardo Osorio Cifuentes).<\/p>\n\n\n\n