[vc_row][vc_column][vc_column_text]El pasado 18 de enero el Congreso de la Rep\u00fablica expidi\u00f3 la Ley 2195 que adopta y regula nuevas medidas en materia de transparencia, prevenci\u00f3n y lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Esta ley actualiza la regulaci\u00f3n sobre temas como el fortalecimiento de la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas por actos de corrupci\u00f3n, extinci\u00f3n de dominio, intercambio de informaci\u00f3n, articulaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n para la lucha contra la corrupci\u00f3n, pedagog\u00eda para la promoci\u00f3n de la transparencia, y la protecci\u00f3n de la libre competencia, esta \u00faltima funci\u00f3n de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como autoridad \u00fanica sobre la materia.<\/p>\n
La reforma en cuanto a libre competencia actualiza la Ley 1340 de 2009 e incorpora recomendaciones de la Ocde sobre la materia. Como novedades se fortalece el Programa de Beneficios por Colaboraci\u00f3n (delaci\u00f3n) para quienes sean admitidos a este, lo que se traduce en reserva de identidad durante el tr\u00e1mite para los investigados que colaboren con la autoridad, exoneraci\u00f3n total o parcial de la multa, reserva de las pruebas proporcionadas por estos, y la ausencia de responsabilidad solidaria por los da\u00f1os causados a terceros.<\/p>\n
Para la imposici\u00f3n de las sanciones a personas naturales y\/o jur\u00eddicas que violen la libre competencia, ahora la SIC podr\u00e1 aplicar el mayor de los siguientes criterios: hasta el 20% de los ingresos del infractor, hasta el 20% del patrimonio del infractor, hasta cien mil salarios m\u00ednimos, y en contrataci\u00f3n p\u00fablica, hasta el 30% del valor del contrato.<\/p>\n
https:\/\/www.portafolio.co\/opinion\/andres-barreto\/libre-competencia-y-anticorrupcion-columnista-561243<\/p>\n
Se debe tener en cuenta que frente a la exoneraci\u00f3n total o parcial de la multa esta figura no aplica al instigador o promotor de la conducta, asimismo, se proh\u00edbe expresamente que el pago de multas pueda ser asegurado, o efectuado o garantizado por el agente del mercado vinculado al facilitador, por su matriz o empresas subordinadas, o en general por empresas del mismo grupo o bajo el mismo control. La inobservancia de esta prohibici\u00f3n implicar\u00e1 por s\u00ed misma una violaci\u00f3n al r\u00e9gimen de competencia. Otro precepto que se mantiene inc\u00f3lume es el del t\u00e9rmino de caducidad de cinco a\u00f1os, lo que obliga a adelantar investigaciones c\u00e9leres y garantistas, y no procesos que duraban seis a\u00f1os o m\u00e1s desde su apertura e instrucci\u00f3n, hasta la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n. Esta ley surti\u00f3 el tr\u00e1mite constitucional previsto para un r\u00e9gimen sancionatorio, lo que adem\u00e1s guarda unidad de materia y garantiza el principio de congruencia, instrumento ampliamente discutido en un debate p\u00fablico y amplio en el Congreso. En buena hora por estas herramientas de iniciativa legislativa para luchar contra las pr\u00e1cticas restrictivas y la corrupci\u00f3n privada, y que el debate no se haya distra\u00eddo en el manique\u00edsmo de la arquitectura institucional, viejo truco de los reformadores con conflictos de inter\u00e9s, recomendaci\u00f3n que jam\u00e1s ha sido sugerida por la Ocde, de la cual soy orgulloso miembro de su Bur\u00f3 de Competencia desde 2020.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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